jueves, 7 de octubre de 2010

Algunas propuestas sobre Emergencia

En Esperanza, como ya les contamos, el debate fue en torno a Economías Regionales y Transporte- Infrestructura.

En Bahía Blanca trataremos el tercer tópico elegido por los legisladores como uno de los tres menos conflictivos del documento de Consenso al que adhirieron 500 instituciones: Emergencia Agropecuaria. Para introducirlo, enriquecer y potenciar el debate, desde la coordinación de Consenso Agroindustrial consultamos a especialistas, relevamos el accionar del Ejecutivo en el área, analizamos la legislación de las provincias y recolectamos toda la normativa vigente sobre Emergencia, incluídos los proyectos de ley presentados en el Congreso.

También invitamos a las 500 instituciones que el año pasado adhirieron al proyecto a acercar propuesta y sugerencias, y les preguntamos a las aseguradoras su opinión. Todo eso lo volcamos en un documento sintético.

Entre las propuestas recibidas, se destaca la del especialista Juan Pedro Merbilhaa, abogado tributarista, docente universitario y asesor de entidades intermedias del sector agropeciario. Aquí les transcribimos su iniciativa:

La producción agropecuaria ha sido considerada desde siempre como de interés público. Por ello ha merecido ser protegida por una legislación, ante emergencias climáticas, para que ante un estado de emergencia se le otorgue a los productores la posibilidad de recuperarse rápidamente y poder seguir produciendo sin interrupción en el ciclo productivo siguiente. Para esto debe aliviárselo de compromisos financieros que le restarían capacidad de recuperación para volver a invertir ante la pérdida de ingresos en el período anterior.

Sin embargo, es frecuente (casi constante) que funcionarios del Estado, por celo fiscal, por incomodidad crediticia o por simple ignorancia del sentido de las emergencias agropecuarias, hayan querido eliminar o acotar el margen de las emergencias, para sustituirlas por “seguros”. El régimen de seguros tiende a la indemnización individual por riesgos previsibles ante la pérdida de un bien. La emergencia, en sus fines no apunta a eso, sino a ayudar al productor con beneficios propios del Estado, para que pueda seguir produciendo en el período siguiente al perdido por la catástrofe. Por lo tanto, seguros y emergencia son dos conceptos muy diferentes. Los seguros jamás pueden sustituir a la emergencia.

La única combinación posible que podría haber entre los dos conceptos, sería si el Estado (Nacional y/o Provincial) tomara por sí y para sí un seguro de riesgo climático referido a la eventual pérdida de producción agropecuaria en su territorio y sobre esa base, cuando se produzca un fenómeno, otorgue a los productores el financiamiento para que sigan produciendo, sin necesidad en ese momento de tener que alterar sus calendarios fiscales o tener que disponer imprevistamente de fondos para otorgar préstamos de emergencia. Así el financiamiento del seguro lo tomaría y lo administraría el Estado, que lo cobraría en situaciones de daño climático, para destinarlo a garantizar la producción y percibir sus ingresos fiscales sin solución de continuidad.

Anotaciones sobre el régimen actual:

  • Es un régimen federal que no está bien ajustado. Las Emergencias Nacionales se dictan en función de las provinciales, pero el Estado Nacional se ha reservado el derecho de otorgar o no los beneficios máximos: la eximición por desastres. O sea: que el Estado Nacional decrete el desastre no implica necesariamente la eximición de impuestos nacionales, para lo cual debe firmar un decreto diferente. De esta manera, se produce una incongruencia: el productor en “desastre” queda eximido de pagar impuestos provinciales ya que la Provincia (al menos la de Buenos Aires) le reconoce ese grado de afectación con tal beneficio; pero resulta que en el régimen nacional, el Estado, en cabeza del Poder Ejecutivo, se reserva la “posibilidad” de dar iguales beneficios (para lo cual tiene que dictar un Decreto específico en cada caso). Ello resulta una trampa peligrosísima para los productores, quienes creyendo haber sido eximidos como en sus Provincias, se encuentran tardíamente con requerimientos de la AFIP por deudas fiscales nacionales retroactivas acumuladas. Esta situación es la más grave y lo más incoherente del régimen actual. No debiera haber “doble status”. La Nación no puede reconocer categorías y beneficios fiscales menores que las provincias.
  • La Emergencia Nacional debería contemplar la posibilidad de ayuda con Fondos y créditos blandos durante la emergencia.
  • La Emergencia Nacional debería contemplar la posibilidad de ayuda en infraestructura.
  • Es necesario que siempre, en cualquier categoría, el tiempo estimado para que el Estado recupere el derecho a cobrar los impuestos postergados, o los créditos, sea hasta después de los 180 días de pasada la Emergencia. Esto debe ser así porque la Emergencia se reconoce en función de la interrupción de los ciclos productivos y debiera dársele un plazo al productor para recuperar su capacidad de pago, en función a la naturaleza de la producción que haga. Pero si la tendencia es a unificar este proceso en un período de tiempo determinado, nunca podría ser inferior a los 180 días. Es clave el tiempo posterior al período de emergencia, para la recuperación del ciclo productivo, porque el mismo nunca es inferior a seis meses (ese es el plazo mínimo correspondiente a un ciclo agrícola).
  • Hay que tener en cuenta la celeridad en el reconocimiento y la emisión del certificado correspondiente, hoy lentas y burocratizadas.
  • La declaración de emergencia que haga el productor (sobre la producción y la superficie afectada) nunca puede ser tomada como una “declaración jurada”. Las solicitudes de emergencias, son una “estimación” del productor que la Comisión Provincial o local debe evaluar, verificar y avalar o rectificar. El Estado no da al productor la posibilidad de recibir lo que considera, sino de peticionar en función de lo que cree que ha sido afectado.
  • Debe modificarse también la actual situación de las declaraciones de emergencia que niegan el derecho de postergación o eximición al deudor. Lo que debería hacerse es otorgarle la emergencia bajo condición de la regularización de su condición fiscal, de lo contrario lo único que se consigue es que siga acumulando deuda. Podría resultar un mecanismo eficiente de blanqueo de morosos.










martes, 5 de octubre de 2010

Pasó Esperanza, y dejó mucho...

Así presentaron las instituciones adheridas sus propuestas sobre Transporte- Infrestructura:


Así escucharon y contestaron los legisladores nacionales:

Así debatimos durante más de tres horas:


Y esto fue lo que acordamos:

1. Transporte e Infraestructura:


  • Existe consenso en que es necesario invertir en obra pública con fondos públicos y privados. Se requiere interacción entre poderes (Ejecutivo y Legislativo) y entre niveles de gobierno (Nacional, Provincial y Municipal)
  • El diputado nacional Gustavo Marconato (FPV-PJ – Santa Fe) propuso hacer circular información contenida en el proyecto de Presupuesto General de Gastos e Ingresos de la Administración Pública Nacional del año 2011. En el plazo inmediato, se puso a disposición para entregar información de planificación de obras públicas para la Región Centro. En el mediano plazo, invitó a los presentes a trabajar durante los próximos meses en la planificación, desde el Poder Ejecutivo Nacional, del Presupuesto 2012. 
  • Se acordó la necesidad de armonizar la legislación y mecanismos de transporte de productos fitosanitarios y maquinarias agrícolas.
2. Economías regionales:


  • Existe una notable informalidad laboral en el sector que debe ser revertida.
  • Necesidad de crear un Fondo Nacional Citrícola.
  • Necesidad de inversión en tecnología.
  • Promoción del consumo del jugo natural de frutas.
  • Creación de institutos en órbita de la producción para investigación, desarrollo y promoción.

lunes, 4 de octubre de 2010

El Consenso Agroindustrial en los medios

El diario "El Litoral" fue testigo del debate realizado en el I Encuentro del Consenso Agroindustrial que se llevó a cabo el 24 de Septiembre en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, para las provincias de la región centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos), entre legisladores e instituciones adherentes.
Compartimos con ustedes la nota publicada del evento: http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2010/10/02/laregion/REG-06.html