El documento final firmado por
los Jefes de Estado contiene varios párrafos que hacen referencia a la
agroindustria. Principalmente se toma el compromiso de aumentar la producción
agrícola sostenible y la productividad a nivel mundial, mediante el incremento
de la inversión pública y privada en la agricultura sostenible, la ordenación
de las tierras y el desarrollo rural.
Se identifican prioridades de
inversión y apoyo: las prácticas agrícolas sostenibles; la infraestructura
rural, la capacidad de almacenamiento y las tecnologías conexas; las
actividades de investigación y desarrollo en materia de tecnologías agrícolas
sostenibles; el fomento de cooperativas y cadenas de valor agrícolas fuertes; y
el fortalecimiento de los vínculos entre los medios urbano y rural.
Se hace una mención declarativa
que reconoce la importancia económica y social de una buena gestión de la
tierra, incluido el suelo, y en particular su contribución al crecimiento
económico, la biodiversidad, la agricultura sostenible y la seguridad
alimentaria, la erradicación de la pobreza, el empoderamiento de la mujer, las
medidas para hacer frente al cambio climático y aumentar la disponibilidad de
agua. En este sentido destacan que la desertificación, la degradación de la
tierra y la sequía son problemas con una dimensión mundial que siguen
suponiendo un serio desafío para el desarrollo sostenible de todos los países,
en particular los países en desarrollo.
Es necesario destacar que en esta
declaración no se incluyó el concepto de soberanía alimentaria solicitado
particularmente por las comunidades indígenas. Desde la Cumbre de los Pueblos,
se identifica como un eje clave la soberanía alimentaria y los alimentos
saludables, y se posiciona contra agrotóxicos y transgénicos.
En consonancia con los
principales temas tratados en la cumbre oficial y en los espacios no oficiales,
Fundación Directorio Legislativo en conjunto con Fundación Cambio Democrático,
desarrollan desde 2009 una iniciativa denominada Consenso Agroindustrial. A
través de la misma se busca construir acuerdos sobre los criterios y
lineamientos compartidos por los diversos actores sociales y de la cadena de
producción agroindustrial, impulsar un debate parlamentario fructífero y
generar nuevos mecanismos de diálogo pacífico y respetuoso entre los sectores
productivos y los decisores políticos, que se traduzca en leyes para el
desarrollo de nuestro país.
Como uno de sus principales hitos
en el marco de esta iniciativa, Fundación Directorio Legislativo elaboró un
documento de 10 acciones de políticas agroindustriales que incluye una visión
de conservación del medio ambiente y su biodiversidad, y al cual adhieren 500
organizaciones del sector agroindustrial o vinculadas a él.
Durante 2012, el Consenso
Agroindustrial renueva su compromiso con la incidencia en políticas
socioambientales mediante el impulso del diálogo sobre políticas públicas
vinculadas a la actividad agroindustrial en sus aspectos de crecimiento
económico, justicia social y protección ambiental que así promuevan el
desarrollo sustentable del país.
