lunes, 30 de agosto de 2010

El Consenso Agroindustrial en los medios

El diario santafesino “El Litoral” se hizo eco de los preparativos del I Encuentro Provincial del Consenso Agroindustrial que tendrá lugar el 24 de septiembre en la ciudad de Esperanza, Santa Fe e hizo una síntesis de la evolución del proyecto. A continuación, la nota publicada en el diario:

viernes, 20 de agosto de 2010

Las propuestas de los adherentes


En el contexto de la tercera etapa del Consenso Agroindustrial, nos encontramos recolectando las propuestas, sugerencias, estudios e informes de las distintas instituciones adherentes, para cada uno de los temas sobre los que - en el último debate del proyecto en el Congreso Nacional con asesores de legisladores - se acordó avanzar: Emergencia, Transporte/Infraestructura y Economías Regionales.

El objetivo del proyecto, en general, y de esta tercera etapa, en particular, es articular las diversas visiones de política agroindustrial que emergen desde la sociedad civil en el Congreso de la Nación, haciendo del proceso una instancia participativa, democrática y federal.

Las diversas sugerencias de los adherentes serán articuladas en un documento final, que se traducirá en propuestas para el Poder Ejecutivo y Legislativo, y que se presentará en el I Encuentro del Consenso Agroindustrial el 24 de septiembre en la ciudad de Esperanza, Santa Fe.

Con respecto al tema de Emergencia Agropecuaria, un adecuado sistema de Emergencia, para uno de los adherentes del proyecto Consenso, debe basarse en un régimen federal bien aceitado. Hoy las Emergencias Nacionales se dictaminan en función del reconocimiento previo de esa situación por las provincias. Pero el Estado Nacional, en disonancia con la mayoría de las provincias, se ha reservado el derecho de otorgar o no los beneficios de eximición de impuestos en casos de desastres. O sea: la Nación declara el desastre que estableció previamente la provincia, pero eso no implica eximir de impuestos. Para que el productor en zona de desastre sea eximido de pagar impuestos nacionales, el Gobierno debería sacar un decreto especial para ello.

Esto, opinan algunos adherentes, debería cambiar: la Nación no puede reconocer categorías fiscales menores que las provincias. 

En relación al tópico Economías Regionales, recibimos propuestas que tienen que ver con cuatro ejes globales: un política tributaria/ crediticia que incentive las zonas donde se asientan (sobre todo NEA y NOA); legislación laboral acorde para el tipo de trabajo que se requiere (mano de obra intensiva) y capacitación, para que haya mano de obra calificada.

Uno de nuestros adherentes señaló que la capacitación es indispensable para la sustentabilidad de las economías regionales, lo que a su vez evitaría hacia los centros urbanos, el desarraigo, etc. Para ello es necesario hacer capacitación de capacitadores, para multiplicar el tema. Así, Martin Aboaf Petit de Murat (docente EGEA-SRA-UCALP, FAA y FEPALE) propone la creación de un Plan Nacional de Alfabetización Informática para adultos y trabajadores activos, fundamental mientras se incorpora la informática a las escuela, secundarios y universidades, previendo el recambio generacional.

Por otro lado, y en términos generales, otra de las instituciones adherentes recalcó la importancia de fortalecer la integración de las cadenas de valor, la inclusión de los pequeños productores y medianos productores y la transparencia de mercados y promover la inversión privada a través de reglas estables y previsibles.

Seguiremos recabando las propuestas y sugerencias de todos los adherentes para elaborar un documento que refleje de manera democrática y consensuada las necesidades del sector agropecuario en nuestro país.

miércoles, 28 de julio de 2010

Cinco preguntas básicas sobre facultades delegadas



1) ¿Qué son?

Son leyes dictadas entre 1853 y 1994 que en alguna parte de su articulado delegan determinadas funciones o potestades al Poder Ejecutivo.

2) ¿Cuántas son y sobre qué materia legislan?

Eran cerca de 2000 leyes. Tras el estudio de la Comisión de Seguimiento de Facultades delegadas creada el año pasado, quedaron en el paquete apenas 416.

Las más importantes son: Código Aduanero, Código Aeronáutico, Justicia Federal (sobre autoridad para la remoción de empleados), Impuesto a las Ganancias (facultades de aplicar el tributo a las exportaciones y exenciones), IVA, Banco Central (dictar normas sobre las funciones del directorio y otras actividades), Coparticipación (recaudación y distribución), Código de Comercio, Ley de Abastecimiento, Obra Pública, ATN (Aportes del Tesoro Nacional), y otros procedimientos tributarios.

3) ¿Por qué vencen?

La Convención Constituyente de 1994, con la intención de atenuar el presidencialismo, estableció que el Legislativo no podía ceder más atribuciones propias al PEN, salvo en casos puntuales de materia administrativa y emergencia pública. Además, por la Cláusula Transitoria Octava, dispuso que todo la legislación delegable anterior a la reforma sin plazo de vencimiento debía caducar a los cinco años. Es decir, en 1999 ya no debían quedar facultades propias de uno en manos del otro, excepto aquellas que el Congreso de la Nación ratificara expresamente por una nueva ley.

El plazo se cumplió y el Legislativo, obviando estudiar profundamente la cuestión, renovó sucesivamente la totalidad de la delegación legislativa vigente en el Poder Ejecutivo: en 1999, con la ley 25.148; la 25.645 en 2002; la 25.918 en 2004 y la 26.135 en 2006. Pero la última extensión, por la ley 26.519 del año pasado, no ratificó masivamente la legislación delegada dictada al amparo de las delegaciones y obligó al Poder Ejecutivo a someterla a control por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Así, a fines del año pasado una comisión especial integrada por especialistas de la Dirección de Información Parlamentaria de la cámara baja; juristas; la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y la Procuración del Tesoro de la Nación, se puso a estudiar el tema. El último día de junio de 2010 entregó al presidente de la Comisión Bicameral, el oficialista Alfredo Dato, el resultado de ese análisis: de las 1900 normas que desde 1983 han delegado facultades legislativas al PEN, quedaron en el paquete apenas 416.

A 11 años del vencimiento de la Cláusula Transitoria Octava, los legisladores que integran esa comisión presentaron el informe final a la presidencia de cada una de las cámaras y ante los 60 bloques políticos que las integran. Era la primera vez en dieciséis años que un cuerpo parlamentario comenzaba a analizar en concreto la legislación delegada preexistente a la reforma constitucional de 1994.

Cabe aclarar que después de 1994 hubo muchas facultades delegadas al Ejecutivo, pero no están dentro de ese paquete delegado previo, por lo que no presentan discusión. Casi toda norma importante delega, en general, alguna facultad en el Poder Ejecutivo por cuestiones de administración y eficiencia. Muchas de estas normas, o reformas a estas normas, son posteriores a 1994 y continúan vigentes. Un ejemplo es la ley de Emergencia Agropecuaria, que delega en el PE la posibilidad de otorgar exenciones impositivas en determinadas circunstancias. Es muy común que las normas tengan este tipo de artículos donde hay delegaciones sustanciales.

4) ¿Qué tienen que ver con las retenciones?

El Código Aduanero se dictó en 1981 y en su texto delega en el Poder Ejecutivo la facultad de imponer aranceles a las importaciones y derechos de exportación a las exportaciones. Es una de las 1900 normas que delegan facultades en el P.E.

5) ¿Qué pasa con las retenciones si no se prorrogan las facultades delegadas?

Si el 24 de agosto gana la postura del Grupo A y las facultades quedan definitivamente en el Congreso, continúa vigente la medida actual con respecto a las retenciones hasta que el Congreso sancione una nueva ley que sea promulgada por el Ejecutivo.

Hasta el propio Ricardo Buryaile, ex vice presidente de CRA y férreo defensor del cese de las retenciones, lo asumió: “El 24 vencen las facultades que se le delegó al Ejecutivo, lo cual no quiere decir que caen las retenciones. El Estado va a seguir recaudando; lo que no va a poder la Presidenta es subir o bajar ese nivel de retenciones”.