Así presentaron las instituciones adheridas sus propuestas entorno a Emergencia Agropecuaria:
Así escucharon las propuestas los legisladores, representantes del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires y los municipios de Bahía Blanca y Carmen de Patagones:
Así debatimos por casi tres horas:
Y esto fue en lo que todos coincidimos:
• Necesidad de una legislación específica a nivel nacional para el sudoeste, de políticas diferenciadas a largo plazo: reconocer la zona como un territorio en emergencia permanente (estructural). 
• Necesidad de modificar la Ley de Emergencia Nacional: 1) que sea el Estado quien subsidie la prima del seguro de emergencia, para evitar hacer frente a los consecuencias de desastres (“es más barato pagar el seguro que enfrentar los gastos ocasionados por la emergencia”, se resaltó); 2) establecer un seguro multi riesgo; 3) que el productor no pierda el acceso a créditos por el estado de emergencia; 4) que el comercio esté incluido en la emergencia con medidas específicas como, por ejemplo, eximir un porcentaje del impuesto a los ingresos brutos; 5) incluir el subsidio a las primas de seguro, para que sea sujeto de crédito bancario. 
• Generar sistemas productivos que contemplen la sustentabilidad y rentabilidad. Establecer acuerdos entre instituciones del sudoeste y el Estado, sobre qué producciones son rentables para la zona. Realizar inversiones para promoverlas, identificar mercados, hacer las producciones sustentables en el largo plazo, minimizando el riesgo climático y evitando la degradación de los suelos. 
• Instrumentar políticas proactivas y complementarias, para que el productor cuente con el dinero para generar y transparencia y previsibilidad de mercados regionales para colocar sus productos. 
• Promover el acceso créditos a valor producto. 
• Aportes no reembolsables para hacer frente a las primas de los seguros, incluyendo la sequía. 
• Eliminar la distorsión de los mercados y estudiar una reforma impositiva estructural. 
• Aplicar políticas de créditos o beneficios impositivos. 
• Aplicar incentivos a la producción ganadera. 
• Que las políticas del Poder Ejecutivo Nacional contemplen la regionalización. Fomentar las actividades productivas que estimulen la radicación en pueblos y ciudades del interior. 
• Consensuar políticas más acciones: sistema operativo para que el Estado esté con el productor.
 
 
 
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